Vacunas VIP: el Gobierno se negó a contestar cuántos funcionarios se inmunizaron como “personal estratégico”

La gestión de Alberto Rodríguez Saá mantiene el manto de dudas sobre la campaña de vacunación contra Covid-19 en la provincia. Si bien, desde el ministerio de Salud respondieron a un pedido de acceso a la información pública, no respondieron sobre el principal interrogante, que era conocer la nómina de funcionarios que fueron inmunizados.

Para negarse, se ampararon en la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. Fundamentaron que este punto se enmarca en el artículo 2º es “sensible” por referirse a “la salud de las personas”.

De esta manera, aseguraron que está exceptuada del Régimen de Acceso a la Información Pública, en la que se había basado el diputado provincial, Luis Lucero Guillet para hacer la solicitud formal.

El legislador de San Luis Unido expresó disconformidad por el accionar del Gobierno provincial de omitir “de manera deliberada” responder a ese ítem.

“Lo escueto de la información brindada nos lleva a afirmar que no podemos descartar la existencia de vacunaciones de privilegio en San Luis”, sostuvo al dar a conocer la respuesta que lleva la firma de la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo.

Los interrogantes se produjeron hace más de un mes cuando la funcionaria reconoció que se había inoculado a “personal estratégico relacionado al gobernador”. La falta de transparencia se agravó al conocerse algunos nombres que habían salteado el orden de prioridades. Entre ellos el senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá, y los dirigentes radicales, Walter Ceballos y Claudia Rocha.

“La excusa de ampararse en la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, que sólo es aplicada en este caso, toda vez que el propio gobernador la incumplió cada vez que demonizó a ciudadanos que contrajeron el virus o incumplieron las restricciones, parece ser el escudo sobre el cual resguardan la identidad de quienes podrían haberse vacunado con anterioridad al personal considerado esencial y a los grupos de riesgo”, cuestionó Lucero Guillet.

Al mismo tiempo, advirtió que “no hay claridad, previsibilidad, proyección ni planificación en torno a la aplicación de la vacuna ni de los tiempos estipulados por el Gobierno nacional para el desarrollo”.

La contestación de la cartera sanitaria se limitó a detallar la cantidad de dosis recibidas de las diferentes variantes (Sputnik V, Covishield y Sinopharm).

También indicaron cuántas fueron distribuidas en las diferentes localidades provinciales y los sectores a los que fueron destinadas.

Precisaron que hasta el 6 de marzo se habían colocado 22.568 componentes. De ese total 8972 fueron para los trabajadores de la salud (40%), 1273 para grupos de riesgo entre 18 y 59 años (6%), 9185 para mayores de 60 (40%) y 3138 para personal estratégico (14%).

Además, por primera vez dijeron por quiénes está conformado este último grupo: fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente, personal del servicio penitenciario y responsables del funcionamiento del Estado.

Finalmente, Sosa Araujo hizo alusión a los efectos adversos más frecuentes de la inmunización.